Por Jorge Oyarzún Castañeda Un diagnóstico crítico de las últimas dos décadas en la Región del Biobío que evidencia la desindustrialización, la hegemonía de grupos extractivistas y el estancamiento de la descentralización. El documento proyecta la disputa por el territorio como el principal eje de conflictividad futura y plantea la urgencia de articular plataformas sociales frente a un modelo que profundiza la precariedad local. ABRIL 2026
La Región del Biobío (RBB), ha cambiado significativamente respecto a su situación de hace 20 años. Conocer estos cambios permite mejor comprender los desafíos desde una perspectiva transformadora, antineoliberal y popular. Entre los principales aspectos que se deben tener en cuenta identificamos algunos relevantes, sin que estos estén ordenados en importancia: el impacto de cambios significativos en las condiciones climáticas del centro sur de del país (VII a X regiones); la creación de la Región de Ñuble; el terremoto de 2010 y su impacto en las prioridades estratégicas para el desarrollo regional; la situación actualizada de la descentralización político-administrativo respecto a las expectativas declaradas por los gobiernos entre 1990-2010; el impacto de la desindustrialización regional como proceso de larga data, cuyo hito más relevante de los últimos 50 años es el cierre de la acería de Huachipato; la consolidación de la hegemonía de los holding forestales y sector pesquero industrial, ambos determinantes para el desarrollo regional por la alta concentración en la toma de decisiones; la caracterización social de la RBB como representativa del impacto del modelo neoliberal en el largo plazo (serie encuestas ESI-INE); la ausencia de movimientos de trabajadores y sociales representativos y autónomos, con plataformas alternativas a la hegemonía de los grupos de inversión dominantes; la ausencia de un sector empresarial regional con algún grado de autonomía respecto a grupos económicos y de inversión dominantes.
Durante la dictadura las definiciones en materia de Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), estaban en sintonía con terminar con el centralismo en todo orden de actividades, con una visión optimista del proceso de Regionalización con el propósito de modernizar profundamente el Estado en los aspectos políticos, económicos y social, siendo sus pilares la flexibilización del mercado laboral, reformas en los ámbitos previsional, educacional, salud, justicia, contra reforma agraria para fortalecer la propiedad privada sobre la tierra y la creación del DS 701, con lo cual reafirmaba el carácter forestal de esta región, entre otros aspectos relevantes.
En dictadura la visión del proceso de Regionalización estaba inserta en un proceso más amplio y complejo de la reforma administrativa integral del Estado, cuyo eje y objetivo principal era crear un sistema coherente en lo administrativo y territorial, integrador de las actividades del sector público y privado para el desarrollo y bien común, en suma, apuntaba a disminuir sistemáticamente el aporte al presupuesto público regional en coherencia con el principio de subsidiaridad consolidando el desarrollo regional armónico sustentado en la participación plena del sector privado. Eso es lo que hoy se retoma con fuerza por el actual gobierno 36 años después del fin la dictadura. Así dicho, el objetivo del actual gobierno es precipitar un ajuste económico y del sector público, para profundizar las transformaciones que la derrota de octubre de 1989 obligo a postergar en su radicalidad por una Transición pactada.
La Transición fue un intento en parte exitoso por administrar el modelo impuesto en dictadura sin cambiar sus fundamentos. Esto fue posible por dos situaciones: una externa, determinada por el fin de la Guerra Fria con el triunfo del capitalismo e imposición del Consenso de Washington (agenda económica que en Chile se anticipó desde el mismo golpe de Estado); otra interna, determinada por un amplio consenso respecto al modelo económico de las fuerzas que concurrieron al pacto de la Concertación que lo administró entre 1990-2010, siendo su consecuencia política más notoria para la centro izquierda la plena consolidación del carácter Liberal de la llamada Renovación Socialista.
En estudios prospectivos a medidos de la década del 2000 sobre impacto de los cambios en el clima en el centro sur del país, identifico que las capacidades agroindustriales instaladas entre las regiones III a VII se trasladaría a las regiones del centro sur del país, fundamentalmente entre la VIII y X regiones. Este proceso sería relativamente rápido y hoy se proyecta hasta la XI Región. Sin agotar este análisis, lo fundamental es que en este proceso de traslado de las capacidades productivas desde el centro al centro sur se potencia por la disponibilidad de tierras, agua y energía, además de una amplia disponibilidad de mano de obra de baja calificación. En un tiempo relativamente breve, los sectores forestal y agroindustrial han evidencedo un acuerdo amplio para sostener sus respectivos desarrollos sin entrar a una competencia abierta por acceso a nuevas tierras para sus procesos productivos. También los sectores de la energía, inmobiliario y turístico se han desplegado significativamente sin entrar a una competencia abierta con los anteriores por acceso a tierra para sus proyectos. Esto es importante comprenderlo en su impacto político, porque todos esos sectores controlados por importantes grupos de inversión han sido capaces de ordenar sus intereses para desplegarse en el territorio sin llegar a conflictos significativos, aislando amenazas de las cuales la principal eran las comunidades indígenas hoy irrelevantes en su capacidad de impedir el proceso de usurpación de tierras que está entrando en una fase nueva y más definitiva. La otra amenaza significativa hoy derrotada y desmovilizada fue el movimiento obrero y gremial forestal que entro en conflicto el 2007 y 2009 contra los dos holdings dominantes. Actualmente el movimiento sindical forestal esta atomizado y el gremial totalmente subordinado a los holdings.
Sin duda es el sector forestal, controlado por dos holdings, el mas importante en todo el centro sur. Sus capacidades industriales instaladas y proyección futura (incluso hasta la XI Región), no tienen contrapeso. La posición que esos holdings toman respecto al desarrollo territorial sea rural o urbano, es determinante. En la última década y media la imposibilidad de soterrar la línea de tren en el tramo urbano de Concepción se debe a la oposición de las forestales, a pesar de que ese soterramiento ha sido identificado como una de las obras más significativas para el desarrollo de la aglomeración urbana del Gran Concepción. En el mismo sentido, hoy la posibilidad del desarrollo de proyectos mineros para la extracción de tierras raras es más probable precisamente porque el holding dominante en la zona norponiente de la provincia de Concepción así lo permite. En los próximos años el prematuro intento de Farkas por desarrollar minería de tierras raras en el llamado “manto rojo” de Nahuelbuta, volverá a ser prioridad para los inversionistas con el apoyo de ambos holdings y ya sin la oposición de las comunidades indígenas como lo hicieran a mediados de la primera década de este siglo.
Es evidente que en este contexto el sector agroindustrial no debería tener mayores problemas para el desarrollo de sus proyectos. Los intereses exportadores que representa junto al forestal representan la esencia del modelo del desarrollo económico criollo, y ambos pueden acoger al minero para extracción de tierras raras dadas sus evidentes ventajas competitivas.
Por su parte el sector pesquero industrial no ha tenido mayores inconvenientes en mantener y ampliar su poder sobre la extracción orientada a sus intereses, incluida la artesanal, principalmente por la imposibilidad de los gobiernos de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio para anular la llamada Ley Longueira, lo que denota una amplia capacidad de incidir en las decisiones gubernamentales y el propio parlamento.
Respecto al sector inmobiliario se requiere un análisis mas fino. La mejor opción de inversión a la saturación de la Región Metropolita es el centro sur, eso determina que el acceso a la disponibilidad de tierras sigue siendo crítico. Hay que estar alertas a la forma cómo este sector desarrollara sus estrategias para lograr invertir con altas tasas de retorno, por ejemplo, usando el déficit de viviendas sociales como ariete para construir en áreas protegidas o presionando para bajar los estándares y supervisión de las construcciones. El sector energía, en el actual contexto internacional, está en un momento muy favorable para el desarrollo de sus iniciativas de inversión.
En definitiva, los principales conflictos regionales estarán determinados por el proceso de ajuste estructural que el actual gobierno provocara para hacer más competitiva la economía nacional en el actual escenario mundial. Sabemos que la economía nacional es una de las mas abiertas del mundo, que cuenta con el mayor numero de tratados de libre comercio, y esta región es la mas claramente representativa de esa realidad estructural. Si la economía nacional tiene por clientes principales a China, USA y Europa (occidental principalmente), en esta región esa correlación es más acentuada. Eso requiere un análisis más detallado.
El problema principal de la región es el acceso a tierra, tanto para el sector privado como para la ciudadanía en general. Sobre esto la especulación de los grupos de inversión presionara por una mayor flexibilidad medioambiental y normativa para construir y desarrollar proyectos productivos orientados a la extracción de recursos sean o no renovables, inmobiliarios y de energía. En este escenario prospectivo es posible afirmar que la actual disputa económica internacional en pleno desarrollo tendrá un impacto relevante en el país y esta región, dependiendo de cómo la viabilidad de tratados de libre comercio pueda sostenerse ante una tendencia al proteccionismo y alineamiento en bloques.
Dos consideraciones. Una, de las promesas más importantes de la Transición (1990-2010) con las regiones fue la descentralización política y administrativa con hitos importantes: creación de los Gobiernos Regionales, traspaso de competencias, reforma y fortalecimiento de los gobiernos comunales (Municipalidades), elección directa del Gobernador Regional, entre otros. El balance hoy en día es negativo. Si en el debate de este proceso se pensó que la descentralización iba de la mano del fortalecimiento de la ciudadanía, sus organizaciones y la capacidad de incidir en la toma de decisiones, hoy podemos afirmar que eso se ha deteriorado derivando a una relación clientelar con las autoridades políticas a todo nivel. Es cierto que no toda la participación ciudadana tiene que ver con su vínculo a la acción gubernamental y la política formal, que hay mucha participación al margen de los procesos institucionalizados en la formalidad de la acción pública, pero, lo evidente, es que en su conjunto la ciudadanía está al margen de incidir en la toma de decisiones que les afectan directamente. Esa es una realidad que debe ser abordada más decididamente trabajando plataformas unitarias entre actores muy diversos y dispersos, pero con el común denominador de pertenecer a la gran mayoría excluida y precarizada. El debate sobre la descentralización es una oportunidad para los movimientos sociales resistentes, contestatarios, coyunturales y potencialmente transformadores de la actual realidad.
La otra, coherente con la anterior, es el ámbito municipal. En algún momento a mitad de la Transición se proyectaba la posibilidad de desarrollar un potente movimiento municipalista. En la amplia capacidad estatal de entonces de inversión en infraestructura social y comunitaria, sumado al desarrollo de políticas publicas que articulaban un sistema de protección social, surgieron liderazgos importantes en el ámbito municipal, situación que hoy no existe. Este es un déficit importante ya que las municipalidades siguen siendo la “cara y manos” del Estado. El actual gobierno con el ajuste que pretende de la economía y el Estado buscará precarizar aún más la acción pública desde los municipios reduciéndoles a un más a simples redes clientelares. Así también la articulación de inversión desde el Gobierno Regional con el FNDR que representa el 70% de la inversión municipal.
A fuerza de ser reiterativos, el actual gobierno dispone en este Región de la totalidad de la billetera fiscal sin contrapeso para decidir dónde y con quién invertir. Y lo están haciendo. En el Consejo Regional no hay capacidad de oposición, y tampoco en el ámbito parlamentario. Las municipales son un escenario ineludible.
Finalmente, en los últimos 20 la Región del Biobío a perdido su carácter de vanguardia en los procesos de descentralización y también en su importancia como centro industrial nacional. En contrapartida, la precariedad generalizada es su rasgo más significativo que se acentúa y reafirma con el cierre de Huachipato y aumento del trabajo informal. Se suman el reciente indicador de cesantía del 10% (abril 2026), y el anuncio de cierre de la planta de remolacha de San Carlos (aunque esa comuna ya no pertenece a esta Región).
Afinar el escenario de conflictos y articular plataformas comunes es el desafío en un momento que este gobierno se prepara para consolidar una visión del desarrollo regional sustentado en la participación plena del sector privado, exclusivamente.