PRODEPU no surge de la nada. Es heredera de un largo proceso de organización y resistencia en la región del Biobío que se remonta a los tiempos más difíciles de la historia reciente de Chile.
Los orígenes: CODEPU en tiempos de dictadura
El 8 de noviembre de 1980, en plena dictadura militar, nació en Santiago el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), una organización de derechos humanos que rápidamente se extendió a lo largo del país. En 1982, CODEPU se constituyó en Concepción con el propósito de defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región. En un contexto donde no existía reconocimiento legal para este tipo de organizaciones, CODEPU Concepción operó como una organización de hecho, y tanto la institución como sus dirigentes fueron objeto de persecución y represión.
CODEPU formó parte de una red regional de organismos de derechos humanos que incluyó a la Defensoría Popular Concepción (DEPOC). Juntas, estas organizaciones desempeñaron un papel fundamental en la defensa jurídica, social y médica de las personas afectadas por la represión, convirtiéndose en un refugio para quienes enfrentaban la violencia estatal desde todos sus frentes.
De la dictadura a la democracia: el Plantón y la memoria viva
Con el término de la dictadura, CODEPU Concepción dio paso a diversos grupos de promoción de derechos humanos. Entre ellos se consolidó la Coordinadora de Ex Prisioneros Políticos, quienes iniciaron una acción de denuncia que se mantiene viva hasta el día de hoy: el Plantón. Cada viernes, al mediodía, en la Plaza de la Independencia de Concepción, frente a la Delegación Presidencial del Biobío, se reúnen ex prisioneros políticos, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, usuarios del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y diversos colectivos sociales. Con lienzos, discursos y presencia continua, el Plantón mantiene viva la memoria de las luchas pasadas y presentes, y se ha constituido en un espacio casi ritual de recuperación de la memoria, la justicia, la verdad y la reparación.
La defensa del territorio: el humedal Paicaví-Tucapel
Con los años, la lucha se fue ampliando. Las mismas comunidades que defendieron los derechos civiles y políticos durante la dictadura comenzaron a enfrentar nuevas amenazas: la depredación ambiental y la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Así surgió el compromiso con la defensa del humedal Paicaví-Tucapel, un ecosistema catalogado como "sitio prioritario" para la conservación por la Seremi del Medio Ambiente y en proceso de declaratoria como humedal urbano.
La organización ha denunciado los impactos del proyecto inmobiliario "Parque Solidario Sandra Oliva I y II" —impulsado por la inmobiliaria Credyhogar Ltda., que contempla la construcción de entre 350 y 500 departamentos sobre el humedal—. Entre los daños identificados se encuentran riesgos de licuefacción sísmica del suelo hídrico, contaminación acústica, impacto hidrológico en la marisma y el ecosistema, descarga de aguas lluvias sin tratamiento, pérdida de biodiversidad, fragmentación del humedal y vertimiento de aguas residuales.
Frente a esta situación, se han interpuesto recursos legales para impugnar resoluciones ambientales, logrando que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pausara temporalmente la evaluación del proyecto y exigiera la subsanación de deficiencias críticas. Asimismo, el Tribunal Ambiental retrotrajo parte de una declaratoria anterior, abriendo camino para una protección más robusta de este ecosistema.
El estallido social y la necesidad de organización institucional
El estallido social de 2018-2019 reactivó la dinámica social de la región y tensionó al colectivo en la denuncia de nuevos atropellos a los derechos humanos. Ante esta realidad, se estableció una coordinación con CODEPU de la Región Metropolitana para sostener con coherencia los principios y metodologías de prevención y defensa.
En 2024 surgió el propósito de vincularse orgánicamente a CODEPU a nivel nacional. Sin embargo, las dificultades legales para sostener acciones autónomas a nivel regional hicieron evidente la necesidad de contar con personalidad jurídica propia. Por ello, en noviembre de 2025 se inició el proceso de legalización que dio nacimiento formal a PRODEPU como organización de defensa de los derechos de los pueblos en la región del Biobío.
PRODEPU hoy: la continuidad de una lucha
Estos tres elementos —la defensa de los derechos humanos en dictadura, la reivindicación de los derechos ambientales, económicos, sociales y culturales desde la transición democrática, y la respuesta ante la crisis social de 2018— representan líneas continuas de lucha que se entrelazan en una misma demanda por una vida digna. PRODEPU es, en síntesis, heredera y continuadora de una tradición de más de cuatro décadas de organización popular en la región del Biobío, que ha evolucionado para enfrentar los desafíos del presente: defender los derechos sociales conquistados y promover la acción por la defensa y promoción de los derechos de los pueblos que cohabitan en el territorio, sobre la base de los principios universales consagrados por el derecho internacional.